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Del zulo al trabajo y del trabajo al zulo

España encadena cifras históricas de afiliación a la Seguridad Social, con más de 22 millones de personas ocupadas. Es un dato relevante que habla de dinamismo económico y de un mercado laboral que ha ganado estabilidad. Sin embargo, esta mejora convive con la realidad incómoda de que acceder a una vivienda o sostener el coste de bienes esenciales resulta cada vez más difícil para amplias capas de la población trabajadora. Esta aparente contradicción no debería llevarnos a negar los avances en el empleo, sino a entender mejor dónde están los problemas y quién tiene la capacidad de intervenir. En el caso del empleo, las políticas económicas del Gobierno central y los cambios normativos laborales han traído estabilidad y han generado unas condiciones propicias para el crecimiento económico lo que se ha traducido en más y mejores trabajos. En cambio, en vivienda, el margen de actuación estatal es más limitado y son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes concentran las competencias clave en regulación, planificación y ejecución. Identificar correctamente este reparto es imprescindible para exigir responsabilidades con rigor. No es una cuestión menor y desde UGT ya se ha