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El lastre de la “era Feijóo” limita el impacto de las 4.000 viviendas públicas que proyecta la Xunta

“Ya están en marcha las 4.000 viviendas públicas comprometidas en esta legislatura y este año se entregarán las primeras en Santiago de Compostela y Pontevedra”. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se expresaba de este modo hace pocos días en una comparecencia ante la prensa para detallar las modificaciones que va a aplicar su departamento en materia de vivienda protegida: subir los límites de renta a 4 veces el IPREM para poder acceder a una de ellas y reservar el 30% de las que salgan a la venta para familias de entre 36 y 45 años con menores a cargo. Con “en marcha” la conselleira se refiere a que la Xunta tiene en diferentes puntos de tramitación —desde trámites de contratos para trabajos previos a las obras propiamente dichas— esa cifra redonda de 4.000 pisos (en realidad son algo más de 3.900, había indicado en fechas previas). Si llegase a cumplir el objetivo, incluso atendiendo solo a la vivienda de promoción pública, la actual sería la legislatura con más vivienda protegida desde hace una década y media, esto es, desde la legislatura en que el PP retornó al Gobierno con Alberto Núñez Feijóo y le correspondió rematar o entregar los últimos proyectos heredados